Recuerdo que iba a escribir una opinión a favor del D.L. 1198 y sobre las posibilidades y potencialidades que encerraba. Ese mismo día en la noche fue derogado el decreto. Esta es una opinión tardía quizás, pero que no deja de ser pertinente, sobre todo porque este es un debate que no está zanjado y sobre todo porque nada se ha propuesto al derogar el decreto.

1. Los alcances

Lo primero es que parece que NADIE leyó la norma antes de oponerse. Y si la leyeron, pues parece que la comprensión lectora está muy mal.

El decreto legislativo 1198 abría la puerta a que terceros coadyuvaran a la administración de sitios arqueológicos en la modalidad de convenios de gestión cultural. No existía ni concesiones ni privatizaciones. Se abría la puerta a que estos terceros administren el bien cultural siempre bajo la supervisión del Estado.
Muchas modalidades y posibilidades se desprendían de esto y es importante destacar que este decreto no hablaba de ninguna manera de empresa privada de manera específica:

"El Ministerio de Cultura podrá otorgar a entidades públicas y/o privadas, mediante Convenios de Gestión Cultural, la administración de determinados componentes de dichos bienes inmuebles (...)"

 
Estos convenios podían ser suscritos por municipalidades provinciales o distritales, gobiernos regionales, universidades públicas o privadas, fundaciones, ong's, sociedad civil en general y por supuesto, también empresa privada.

Y excluía de manera clara los sitios declarados patrimonio de la humanidad (es decir, ni Machu Picchu, ni Chan Chan, ni ningún sitio alrededor del Qhapaq ñan).

2. Las opiniones en contra de los involucrados 

Este es un tema que compete a todos los peruanos, pero directamente a quienes trabajamos en cultura y nos interesa el patrimonio de forma particular y realmente ha habido una enorme desinformación al respecto.

Creo que partimos de una diferencia ideológica primaria: yo creo que el Estado sí debe fortalecerse y ser un ente regulador activo pero no creo que haya cosas que deban permanecer en manejo del Estado per se. 

En el Perú existen MILES DE MILES de sitios arqueológicos. El Estado NO PUEDE hacerse cargo de todos. Simple y claro.

El decreto suponía abrir la posibilidad que otros agentes que tengan recursos económicos, técnicos y profesionales lo hagan, sin ceder la soberanía sobre los mismos. Entiendo que haya muchos que fueran suspicaces (es decir, si el Estado a la justa puede consigo mismo, ¿cómo va a supervisar a otros?), pero si nos ponemos en ese caso entonces nunca hagamos nada porque el Estado no puede...

En realidad, la norma en sí misma era solo un punto de partida. Lo que se venía era la REGLAMENTACIÓN de la misma, y allí es donde se tenían que detallar los alcances, los candados, etc. Por supuesto que yo también creo que lo ideal es que la norma hubiera sido socializada antes, que se informe adecuadamente a la población, etc.

Pero si no se hizo antes, al menos se podía exigir que se hiciera para la reglamentación. Se ha perdido una oportunidad única de establecer un diálogo entre Estado central, gobiernos locales, empresa privada y sociedad civil para generar el dichoso reglamento que ya no existirá. Además, una norma de este tipo podía (y debía) obligar a una reestructuración del MC y una modernización del mismo.

3. El aprovechamiento político

No se supo comunicar ni defender la intención del D.L.1198 y ocurrió lo inevitable: el aprovechamiento político, más aún en época electoral. Los únicos que salieron a movilizarse fueron los cusqueños, y hay que decirlo, absolutamente ignorantes del tema. Esa no era razón para derogar la norma. 

Personalmente me parece muy criticable que Verónica Mendoza publicara esto:

Y lo calificaba de "victoria". A mí particularmente me demostró un afán recontra populista y demagógico. Dada su labor como congresista y más aún como miembro de la Comisión de Cultura, era su deber informarse adecuadamente. Como ya se ha mencionado, era una falsedad mayor hablar de "privatización".

Parece que es imposible conciliar puntos de vista neutrales sin que por ahí se cuele la ideología. La inversión privada en sí misma no es mala.

Entiendo que haya desconfianza y que sobran ejemplos de mala inversión, pero no creo que por ello se deba descalificar todo. Ejemplos de inversión privada responsable con el patrimonio existen y son destacables. Allí está Pucllana, exitoso ejemplo público - privado. ¿Y las huacas del norte? ¿Quién puede decir que ese no es un exitoso ejemplo de inversión privada? No se trata de replicar estos ejemplos tal cual en otros sitios, sino de encontrar sus propias vías.

Y hay muchos, muchísimos municipios o gobiernos regionales que están interesados en invertir en su propio patrimonio pero los candados del MC se lo impiden hasta ahora.

El reglamento de la norma podía establecer lineamientos específicos de interpretación del patrimonio para la intervención de estos sitios. Y eso no está en contradicción a la ejecución de circuitos turísticos, servicios complementarios, gift shops, restaurantes, etc.

4. Colofón

El D.L.1198 se derogó y todo volvió al status quo. Ninguno de los que salió a protestar y ninguno de los que se opuso (sean arqueólogos, políticos u opinólogos) propuso algo en su lugar.
Mientras tanto, los sitios, se seguirán haciendo polvo.